En una medida sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha una nueva política para deportar a inmigrantes indocumentados utilizando aviones militares. El pasado 24 de enero de 2025, dos aviones de transporte militar C-17 Globemaster III trasladaron a más de 150 migrantes desde territorio estadounidense hacia Guatemala, marcando el inicio de una estrategia más agresiva contra la inmigración ilegal.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, explicó que esta acción busca enviar un mensaje contundente a quienes intenten ingresar al país de manera irregular. “Estas deportaciones demuestran que las leyes migratorias se harán cumplir con firmeza y que las consecuencias serán graves para quienes violen nuestras fronteras”, afirmó. Además, la Casa Blanca publicó imágenes de los migrantes abordando los aviones militares, enfatizando la seriedad de esta política.

El programa de deportaciones también ha generado tensiones diplomáticas con otros países de la región, como Colombia. Inicialmente, el gobierno de Gustavo Petro rechazó aceptar vuelos militares estadounidenses con deportados en su territorio. Sin embargo, tras amenazas de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Colombia accedió a recibir a los migrantes utilizando aviones de su propia fuerza aérea, asegurando que se respetarán los derechos humanos de los repatriados.

Guatemala, uno de los principales receptores de estas deportaciones, ha manifestado su preocupación por el impacto social y económico que esta medida podría generar. Organizaciones de derechos humanos han criticado el uso de aviones militares, argumentando que esta estrategia estigmatiza a los migrantes y eleva la tensión en la región. Mientras tanto, expertos advierten que estas acciones podrían aumentar la inestabilidad en los países receptores y alimentar las tensiones migratorias.

Con este movimiento, la administración Trump intensifica su postura contra la inmigración ilegal, incluyendo redadas masivas y un mayor despliegue de personal militar en la frontera sur de Estados Unidos. Este enfoque, que busca disuadir la migración irregular mediante una demostración de fuerza, ha generado controversia tanto dentro como fuera del país, y podría tener profundas implicaciones políticas y sociales en la región.